La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social fue durante décadas el marco regulatorio que definió las pensiones de millones de trabajadores en México. Este esquema se basaba en el cálculo de la pensión a partir del salario promedio de los últimos años cotizados y el número de semanas acumuladas. Para muchos, representaba una garantía de estabilidad económica en la vejez, ya que las pensiones resultaban más cercanas al último ingreso percibido. Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones demográficas y financieras del país comenzaron a presionar la sostenibilidad del sistema.
La llegada de la Ley 97 y la dualidad de regímenes
En 1997 se introdujo la Ley 97, que estableció un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. A diferencia de la Ley 73, este nuevo modelo trasladó la responsabilidad del ahorro hacia el trabajador, con aportaciones tripartitas entre empleado, patrón y gobierno. Durante años coexistieron ambos regímenes, generando incertidumbre entre quienes cotizaban y no sabían con claridad cuál sería el esquema aplicable al momento de su retiro. Esta dualidad se convirtió en un tema recurrente de debate y planeación financiera.
Confirmación del régimen único en 2026
El anuncio oficial de que en 2026 se pondrá fin a la Ley 73 y se consolidará un régimen único marca un cambio histórico. La decisión busca simplificar el sistema, eliminar duplicidades y garantizar mayor transparencia. A partir de esta fecha, todos los trabajadores quedarán sujetos al esquema de cuentas individuales, con reglas claras sobre aportaciones, rendimientos y beneficios. La transición pretende dar certeza a las nuevas generaciones y reducir la complejidad administrativa que caracterizó al sistema durante décadas.
Consecuencias para quienes estaban próximos a jubilarse
Uno de los sectores más sensibles ante este cambio son los trabajadores que estaban cerca de cumplir los requisitos de la Ley 73. Muchos habían proyectado su retiro con base en las condiciones más favorables de dicho régimen. La transición implica que deberán adaptarse a las nuevas reglas, lo que puede significar ajustes en sus expectativas de ingreso. El gobierno ha señalado que se implementarán medidas de transición para evitar afectaciones abruptas, aunque la preocupación persiste entre quienes ya tenían planes definidos.
Impacto en las finanzas públicas
La eliminación de la Ley 73 también responde a una necesidad financiera. El sistema de pensiones bajo este esquema representaba una carga creciente para las finanzas públicas, debido al envejecimiento de la población y al aumento en la esperanza de vida. Al migrar hacia un régimen único basado en cuentas individuales, se busca reducir la presión sobre el presupuesto federal y fomentar la sostenibilidad a largo plazo. Este cambio refleja la intención de equilibrar las obligaciones del Estado con su capacidad real de financiamiento.
Papel de las Afores en el nuevo sistema
Las Administradoras de Fondos para el Retiro se convierten en actores centrales del nuevo régimen. Su desempeño en términos de rendimientos, comisiones y calidad de servicio será determinante para garantizar pensiones dignas. La consolidación del sistema implica que los trabajadores deberán estar más atentos a la elección de su Afore, ya que de ello dependerá en gran medida el monto que recibirán al jubilarse. La competencia entre administradoras podría intensificarse, generando beneficios potenciales para los usuarios.
Retos de educación financiera para los trabajadores
Uno de los grandes desafíos de este cambio es la falta de cultura financiera entre la población. Muchos trabajadores desconocen cómo funcionan las cuentas individuales, qué factores influyen en los rendimientos o cómo planificar un ahorro complementario. El nuevo régimen exige mayor responsabilidad individual, lo que hace indispensable impulsar programas de educación financiera que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas y estratégicas sobre su futuro.
Opiniones de sindicatos y organizaciones laborales
Los sindicatos han manifestado posturas diversas frente al fin de la Ley 73. Algunos consideran que se trata de una medida necesaria para modernizar el sistema y garantizar su viabilidad. Otros, en cambio, advierten que podría traducirse en pensiones insuficientes para quienes no logren acumular un ahorro significativo. La negociación colectiva y el diálogo social serán claves para encontrar mecanismos de apoyo que equilibren las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad del sistema.
Perspectiva de las nuevas generaciones
Para los jóvenes trabajadores, el régimen único representa un escenario más claro y predecible. Al no existir ya la dualidad entre Ley 73 y Ley 97, podrán planificar su retiro desde el inicio de su vida laboral con reglas uniformes. Sin embargo, también enfrentan el reto de construir un ahorro suficiente en un mercado laboral caracterizado por la informalidad y la movilidad constante. La disciplina en las aportaciones y la diversificación de ingresos serán factores decisivos para alcanzar una pensión adecuada.
Medidas de transición y protección social
El gobierno ha anunciado que se establecerán medidas de transición para quienes estaban próximos a jubilarse bajo la Ley 73. Estas medidas podrían incluir apoyos complementarios, esquemas de pensión mínima garantizada y programas de subsidio para los sectores más vulnerables. La intención es evitar que el cambio genere un impacto negativo inmediato en la calidad de vida de los adultos mayores que habían planeado su retiro bajo el régimen anterior.
Comparaciones con experiencias internacionales
La decisión de consolidar un régimen único no es exclusiva de México. Otros países de América Latina han enfrentado desafíos similares y han optado por sistemas basados en cuentas individuales. Chile, por ejemplo, fue pionero en este modelo, aunque con resultados mixtos que han generado debates sobre la suficiencia de las pensiones. La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas para México, que deberá ajustar su sistema para evitar los errores observados en otras naciones y aprovechar las mejores prácticas.
Futuro de las pensiones en México
El fin de la Ley 73 y la instauración de un régimen único marcan el inicio de una nueva etapa en la política social del país. El reto será garantizar que las pensiones resultantes sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados. Esto implica no solo mejorar los rendimientos de las cuentas individuales, sino también fortalecer programas complementarios de seguridad social, salud y vivienda. El éxito del nuevo sistema dependerá de la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado laboral y demográfico.
Conclusión
La confirmación del fin de la Ley 73 en 2026 y la instauración de un régimen único de pensiones en el IMSS constituye un cambio histórico. Se busca simplificar el sistema, garantizar sostenibilidad financiera y ofrecer reglas claras a todos los trabajadores. Sin embargo, el desafío radica en asegurar que las pensiones sean dignas y suficientes, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La transición exigirá responsabilidad individual, educación financiera y un compromiso firme del Estado para acompañar a los ciudadanos en este proceso. El futuro de las pensiones en México dependerá de la capacidad colectiva para construir un sistema justo, transparente y sostenible.